Los Juicios de Lesa Humanidad ya se encuentran en su instancia final, sin embargo, las opiniones respecto a la legitimidad de su reapertura siguen divididas. Dentro del pensamiento jurídico hay un conflicto interno que enfrenta a los defensores de la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y quienes defienden la imprescriptibilidad de la acción penal por el paso del tiempo cuando se trata de juzgar a delitos que hayan afectado la integridad personal, la libertad o la vida.
La causa Brusa
Los juicios en la capital de Santa Fe se dio por iniciada en el mes de agosto, son siete personas las imputadas por comisión de delitos de lesa humanidad: Víctor Hermes Brusa, Domingo Manuel Marcellini, Juan Calixto Perizzotti, Héctor Romeo Colombini, Mario José Facino, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo y María Eva Aebi. Los delitos de que son acusados consisten en: privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas, y por haber durado más de un mes); aplicación de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y apremios ilegales.
La causa lleva el nombre del ex Secretario del Juzgado Federal, Victor Brusa por ser acusado como autor del delito de Apremios Ilegales en perjuicio de ocho de las quince víctimas que han sido juzgadas en esta instancia de los juicios en la ciudad de Santa Fe. En términos jurídicos, “apremios ilegales son los rigores empleados para forzar al preso o al detenido a confesar, declarar o influir en sus determinaciones”. Asimismo, dentro del delito de tormentos se encuentran comprendidos, no sólo los dolores físicos o la aplicación de malos tratos materiales o morales para torturar a la víctima con cualquier finalidad, sino también las humillantes condiciones de detención que sufrían en los centros clandestinos donde permanecían recluidos, según el Código Penal.
Centros Clandestinos de Detención
Los Centros Clandestinos de Detención (CCD), también conocidos como campos de concentración, “pozos” o “chupaderos”, son cuatro: La Seccional Cuarta de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Guardia de Infantería Reforzada, “La Casita” (denominación utilizada por las víctimas para referirse a un inmueble ubicado en Santo Tomé) y “El Borgia”, un inmueble ubicado en Ruta 1, en Villa California, de la localidad de San José del Rincón. Los cuatro pudieron ser reconocidos a su debido tiempo durante las inspecciones osculares, por varios de las declarantes y testigos como parte del circuito de represión del cual fueron víctimas entre los años 1975 y
1977.
Respecto a los CCD es interesante los dichos de la secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Alicia Sánchez: “son ‘espacios de excepción’, en los que la ley se suspende totalmente. Todo es posible porque son zonas en que ya no hay distinción entre lo lícito y lo ilícito, los derechos y la protección jurídica se vuelven nulos y obsoletos, no hay reclamo posible. Lo fundamental en ellos es el aislamiento total del mundo y de todos los demás, no solo con el exterior sino de los detenidos entre sí.”. Al respecto, Sánchez los describió como “una de las características rescatadas de los regímenes totalitaristas. En los dichos de Ana Arendt, además de ser lugares especialmente preparados para el cautiverio, la tortura y la muerte, son la verdadera institución central del poder organizador en un terrorismo de estado”. Además de ser lugar de cautiverio y tortura para los detenidos, dice la secretaria: “para el exterior funcionaba como amenaza de lo que le podía suceder a quienes tuvieran actitudes subversivas, generando miedo y terror. Así lograban eliminar el surgimiento de nuevos grupos subversivos.”
La polémica acerca de La cosa juzgada.
Sin embargo, las opiniones en el ámbito de lo Judicial no son homogéneas respecto a los juicios reabiertos. Existe un conflicto interno entre líneas de pensamiento jurídico divergentes respecto a la reapertura de los juicios que no ha tenido público conocimiento. Estas diferencias se vieron salidas a flote este mes de abril, tras los dichos del Magistrado Marcelo Bergia en una de las entrevistas realizadas por los integrantes del Consejo de la Magistratura de Santa Fe, en vistas a valorar las condiciones profesionales y éticas de los aspirantes para ocupar una de las vacantes existentes en la Cámara de Apelación Civil y Comercial, salas I y II de Rosario. Marcelo Bergia es, hasta ahora, el mejor posicionado para ocupar el cargo, no obstante la polémica que despertaron sus declaraciones.
Ante la pregunta del secretario de Justicia Roberto Vicente sobre los juicios realizados a los represores de la dictadura militar, Bergia los describió como “una ideologización oportunista de los procesos judiciales”, y afirmó que, a pesar de que no podría dejarse de criticar la actuación de grupos militares y paramilitares durante la última dictadura, “cuando una persona ha sido juzgada, y hay en su favor cosa juzgada, debe respetarse, aunque la cosa juzgada sea injusta”, porque “no hay posibilidad alguna de vivir en sociedad si no se respeta la ley”. También sostuvo: “es una utilización mediática de procesos judiciales, no lo puedo calificar de otra manera. Eso es muy efectivo cuando otras cuestiones van relativamente bien: cuando va bien la economía, el equilibrio social, cuando hay otras cuestiones más importantes que afectan la panza de la gente, esas cuestiones quedan en segundo lugar.” A este respecto, Alicia Sánchez, explicó en términos jurídicos la noción de la cosa juzgada, como “un impedimento jurídico que prohíbe volver a juzgar una cuestión ya resuelta por los tribunales de justicia (...) Lo que pretende esta institución es que una persona no pueda ser juzgada dos veces por la misma causa.”
El pensamiento jurídico se divide entre, por un lado, quienes defienden por sobre todas las cosas la constitucionalidad, mediante el cumplimiento de las leyes de Punto Final y de Obediencia debida, como es el caso del doctor Bergia, que consideran que los imputados por represión del Estado han obtenido sentencia absolutoria, es decir, han sido declarados libres de responsabilidad penal a partir de estas leyes. Por otro lado se encuentran quienes consideran estas dos leyes como inconstitucionales, nulas, inválidas e inaplicables en este caso, que es precisamente lo que se le pidió en principio al Juez, en vistas de poder reabrir la causa en cuestión.
Estas dos leyes establecen la impunidad (extinción de la acción penal y no punibilidad) de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática. Según los defensores de su derogación, estas normas se oponen a principios jurídicos reconocidos universalmente y trastocan gravemente al sistema de valores en el que se apoya nuestro sistema jurídico. La contradicción de esas leyes con dicha normativa llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a declarar su inconstitucionalidad en el 2001.
La ley de Punto Final estaba dirigida a concluir con las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el terrorismo de estado y a lograr la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo que el texto legal estipulaba (60 días). La ley de Obediencia Debida, por su lado, impuso a los jueces que investigaban los hechos cometidos en el marco de la represión ilegal, una realidad según la cual los imputados habían actuado bajo coerción, en virtud de órdenes superiores de las que no tuvieron posibilidad de inspección, oposición ni resistencia en cuanto a su oportunidad ni legitimidad. Esa realidad se estableció más allá de las pruebas producidas o las que pudieran producirse en el futuro.
La corriente opuesta al lineamiento de Bergia, en desacuerdo con la derogación de estas leyes, alude a un espacio del juzgamiento de los autores de delitos de lesa humanidad, cometidos desde el Estado y caracterizados por su masividad y su crueldad. Es decir, “se apunta a que no queden impunes hechos que hayan afectado la integridad personal (torturas), la libertad (privación ilegítima de libertad) o la vida. Por lo tanto esta corriente cuestiona las amnistías, indultos, etcétera, y hasta pone en crisis principios clásicos como la cosa juzgada y la prescriptibilidad de la acción penal por el paso del tiempo cuando se trata de juzgar a los responsables de tales hechos.” El fundamento de la imprescriptibilidad de los hechos que aquí se discuten, definido por los ministros Zaffaroni y Highton al momento de reabrir los juicios, “está dado porque los mismos han sido practicados por las agencias estatales del poder punitivo operando por fuera de los límites del estado de derecho, a partir de lo cual no resultaría razonable legitimar el poder genocida mediante un ejercicio limitado del mismo poder con un supuesto efecto preventivo, no siendo por ende razonable garantizar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo para crímenes de esta laya.”
Bergia, en cambio, declaró que “la afectación de instituciones como la cosa juzgada es tan inconstitucional o tan grave como admitir ese tipo de conductas.
Este 30 de noviembre culminó la etapa de la Audiencia de debate en la que se permite declarar a los imputados y se presentan todas las pruebas y testigos. Ahora se esperan la presentación de los alegatos de las partes en juicio y luego los jueces deliberarán y dictarán la sentencia condenatoria o absolutoria.
Daiana Henderson
domingo, 6 de diciembre de 2009
Del Golpe Militar a los juicios.
Un breve repaso histórico de los últimos 33 años.
por Irene Parlante Garzia
24 de Marzo de 1976
La Junta Militar Argentina -liderada por Eduardo Emilio Massera, Jorge Rafael Videla y Orlando R. Agosti- derroca a la presidente María Estela Martínez de Perón e instaura el régimen militar autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
En un marco de crisis sindical, inflación, grupos guerrilleros y una marcada sensación de ingobernabilidad, las Fuerzas Armadas se plantearon a sí mismas como única solución los conflictos que el país experimentaba.
Durante los casi ocho años que duró el terrorismo de Estado, se implementó un plan sistemático de desapariciones, torturas, y persecuciones de aquellos considerados “subversivos”, junto con una política económica destinada a implantar el neoliberalismo, y terminar con la amplia participación ciudadana en cuestiones sociales.
Las “locas” de Plaza de Mayo.
El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia con el general Videla. Querían saber cuál era la situación de sus hijos, que habían sido detenidos ilegalmente y de los que no habían tenido ninguna noticia desde ese momento.
Videla no recibió a las madres, pero este encuentro fue el punto de partida de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ellas constituyeron la primera respuesta pública de la sociedad civil frente a la represión del régimen militar.
"La plaza es el lugar donde se produce el verdadero y único milagro de la resurrección (...) Los primeros pasos tienen mucha profundidad y cuando me pongo el pañuelo en la casa de las madres, antes de salir para la plaza, y me lo aprieto fuerte en la barbilla, es un abrazo, el abrazo de los treinta mil. La plaza es la lucha, la esperanza, los sueños, las ilusiones y la sangre de los tantos." (Hebe de Bonafini, Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo)
La Guerra de Malvinas y la presidencia de Bignone.
El 2 de abril de 1982, el presidente Galtieri - confiando en la indiferencia de Gran Bretaña y el apoyo del presidente estadounidense Ronald Reagan - ocupó militarmente las Islas Malvinas. Para sorpresa del dictador, Gran Bretaña respondió y Reagan se alineó con su par, Margaret Thatcher.
Durante poco más de dos meses, el gobierno engaño sistemáticamente a la población, proclamando el avance de las tropas argentinas sobre las inglesas y la inminente recuperación de las Islas.
La guerra finalizó el 14 de junio del mismo año con la rendición de Argentina. El saldo es de público conocimiento: la reocupación de Malvinas por el Reino Unido y la muerte de más de 600 soldados argentinos.
El desprestigio del gobierno militar después de la derrota en Malvinas, sumado a una aguda crisis económica y social, provocó el desplazamiento de Galtieri de su cargo y en su lugar asumió Reynaldo B. Bignone, encargado de establecer el calendario para la salida electoral y realizar los preparativos necesarios para el retiro de la Junta del poder, evitando futuras investigaciones y sanciones a los militares.
En abril de 1983 se dio a conocer un “Documento Final”, que pretendía condicionar la salida institucional. Frente al repudio de amplios sectores de la sociedad a negociar sobre la salida democrática, en septiembre del mismo año se publicó la “ley de Autoamnistía”, que pretendía exculpar a las Fuerzas Armadas de los crímenes perpetrados durante el Proceso.
La vuelta a la Democracia.
El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se impuso con el 52% de los votos al candidato peronista Ítalo Luder. Fue su propuesta amplia e imprecisa, presentándose como el portavoz de los valores democráticos y de la libertad política lo que le permitió al dirigente radical aglutinar a la mayoría del electorado. Pero el nuevo presidente debía ahora hacerse cargo del legado que habían dejado los militares. Durante su mandato se creo la CONADEP, que permitió identificar más de 300 centros clandestinos de detención y, en base al informe “Nunca más”, el gobierno llevó a juicio a los miembros de las Juntas del Proceso.
Punto Final y Obediencia Debida.
El marco de conflicto entre la sociedad civil y la institución militar, provocado por el creciente conocimiento sobre los hechos ocurridos y el cuestionamiento a los hechos del pasado realizado por la justicia, llevó a que el presidente resolviera limitar y circunscribir esta acción. El resultado fue la sanción de la infame ley de Punto Final, en 1986; estableciendo así el límite de 60 días para la presentación de denuncias contra policías y militares que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. Con el levantamiento de la feria judicial, las presentaciones inundaron los tribunales en los meses de enero y febrero de 1987.
Las voces de los sectores políticos no se hicieron esperar; los grupos progresistas estaban determinados a no aceptar los costos políticos de esta decisión, y la derecha liberal proclamaba la necesidad de la amnistía total.
¡Felices Pascuas! La casa está en orden. Como si fuera poco con la ley de Punto Final, la debilidad del gobierno alfonsinista para establecer relaciones cívico-militares en el marco de una democracia quedó nuevamente demostrada con la ley de Obediencia Debida cuando, en la Semana Santa de 1987, un grupo de militares liderados por Aldo Rico protagonizaron un levantamiento en Campo de Mayo. El objetivo era obtener garantías respecto al enjuiciamiento de los grupos de oficiales menores y suboficiales, y la sanción de la ley los exculpó de forma masiva.
Alfonsín comenzaba un lento proceso de deterioro de su imagen pública; la sociedad vio como un acto de debilidad y de comprometimiento del sistema democrático a estas leyes que, entre ambas, dejaron sin efecto mil ochocientos procesos a militares.
Entre 1988 y 1990 se sucedió una seguidilla de alzamientos militares, cuyo fin era la absolución de los integrantes de las Fuerzas Armadas de las acusaciones por los delitos cometidos en la dictadura y la restauración de la “dignidad” de las Fuerzas Armadas.
Los indultos de Menem
Corren los años 1989 y 1990 y la impunidad es moneda corriente. El presidente electo Carlos Saúl Menem, presionado también por los levantamientos militares, firma en octubre de 1989 los decretos 1002, 1003, 1004 y 1005/89, indultando a todos los jefes militares que no hubiesen sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a los participantes de los levantamientos “carapintadas” y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
Luego, en diciembre de 1990, indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en 1985, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini; y al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
La inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad.
14 De Junio del año 2005: Siete a favor (Zaffaroni, Maqueda, Argibay, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Boggiano y Petracchi); uno en contra (Fayt); y una abstención (Belluscio). Esos fueron los números - y los nombres - con los que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Julio Simón - alias “el Turco Julián”-, Antonio del Cerro, Antonio Pernías y Adolfo Donda ya no son impunes. Ellos y otros cientos de represores perdieron de una vez y para siempre la protección que les daban las leyes de punto final y obediencia debida.
Al respecto destacó un comunicado del CELS “La Justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado”.
25 de Abril del año 2007: Los indultos que beneficiaban a los represores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera fueron declarados inconstitucionales por la Cámara en lo Criminal Federal. Con esta resolución, volvieron a tener vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas a los ex militares.
"En casos de vulneraciones graves de derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido", reflexionaron los camaristas.
Los juicios. La única batalla que se pierde es la que se abandona.
El pasado 31 de agosto, en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Rosario, se inició el primer Juicio oral y público por crímenes realizados en la última dictadura militar ocurridos en la ex fábrica militar “Domingo Matheu” y en los centros clandestinos “La Quinta de Funes”, “Escuela Magnasco”, “La Intermedia” y “La Calamita”.
Al respecto, un familiar de desaparecidos expresó: “Estos juicios son un hecho histórico porque hemos logrado sentar en el banquillo de los acusados a quienes pertenecieron y actuaron en el genocidio de estado. Desde el punto de vista político decimos que es gente que participó del terrorismo de estado, que todos estos años vivió en plena libertad y ni siquiera había sido citada. Aunque no es la justicia que se merecen los nuestros, es una instancia importante porque de aquí se abren nuevos caminos de lucha.”
por Irene Parlante Garzia
24 de Marzo de 1976
La Junta Militar Argentina -liderada por Eduardo Emilio Massera, Jorge Rafael Videla y Orlando R. Agosti- derroca a la presidente María Estela Martínez de Perón e instaura el régimen militar autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
En un marco de crisis sindical, inflación, grupos guerrilleros y una marcada sensación de ingobernabilidad, las Fuerzas Armadas se plantearon a sí mismas como única solución los conflictos que el país experimentaba.
Durante los casi ocho años que duró el terrorismo de Estado, se implementó un plan sistemático de desapariciones, torturas, y persecuciones de aquellos considerados “subversivos”, junto con una política económica destinada a implantar el neoliberalismo, y terminar con la amplia participación ciudadana en cuestiones sociales.
Las “locas” de Plaza de Mayo.
El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia con el general Videla. Querían saber cuál era la situación de sus hijos, que habían sido detenidos ilegalmente y de los que no habían tenido ninguna noticia desde ese momento.
Videla no recibió a las madres, pero este encuentro fue el punto de partida de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ellas constituyeron la primera respuesta pública de la sociedad civil frente a la represión del régimen militar.
"La plaza es el lugar donde se produce el verdadero y único milagro de la resurrección (...) Los primeros pasos tienen mucha profundidad y cuando me pongo el pañuelo en la casa de las madres, antes de salir para la plaza, y me lo aprieto fuerte en la barbilla, es un abrazo, el abrazo de los treinta mil. La plaza es la lucha, la esperanza, los sueños, las ilusiones y la sangre de los tantos." (Hebe de Bonafini, Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo)
La Guerra de Malvinas y la presidencia de Bignone.
El 2 de abril de 1982, el presidente Galtieri - confiando en la indiferencia de Gran Bretaña y el apoyo del presidente estadounidense Ronald Reagan - ocupó militarmente las Islas Malvinas. Para sorpresa del dictador, Gran Bretaña respondió y Reagan se alineó con su par, Margaret Thatcher.
Durante poco más de dos meses, el gobierno engaño sistemáticamente a la población, proclamando el avance de las tropas argentinas sobre las inglesas y la inminente recuperación de las Islas.
La guerra finalizó el 14 de junio del mismo año con la rendición de Argentina. El saldo es de público conocimiento: la reocupación de Malvinas por el Reino Unido y la muerte de más de 600 soldados argentinos.
El desprestigio del gobierno militar después de la derrota en Malvinas, sumado a una aguda crisis económica y social, provocó el desplazamiento de Galtieri de su cargo y en su lugar asumió Reynaldo B. Bignone, encargado de establecer el calendario para la salida electoral y realizar los preparativos necesarios para el retiro de la Junta del poder, evitando futuras investigaciones y sanciones a los militares.
En abril de 1983 se dio a conocer un “Documento Final”, que pretendía condicionar la salida institucional. Frente al repudio de amplios sectores de la sociedad a negociar sobre la salida democrática, en septiembre del mismo año se publicó la “ley de Autoamnistía”, que pretendía exculpar a las Fuerzas Armadas de los crímenes perpetrados durante el Proceso.
La vuelta a la Democracia.
El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se impuso con el 52% de los votos al candidato peronista Ítalo Luder. Fue su propuesta amplia e imprecisa, presentándose como el portavoz de los valores democráticos y de la libertad política lo que le permitió al dirigente radical aglutinar a la mayoría del electorado. Pero el nuevo presidente debía ahora hacerse cargo del legado que habían dejado los militares. Durante su mandato se creo la CONADEP, que permitió identificar más de 300 centros clandestinos de detención y, en base al informe “Nunca más”, el gobierno llevó a juicio a los miembros de las Juntas del Proceso.
Punto Final y Obediencia Debida.
El marco de conflicto entre la sociedad civil y la institución militar, provocado por el creciente conocimiento sobre los hechos ocurridos y el cuestionamiento a los hechos del pasado realizado por la justicia, llevó a que el presidente resolviera limitar y circunscribir esta acción. El resultado fue la sanción de la infame ley de Punto Final, en 1986; estableciendo así el límite de 60 días para la presentación de denuncias contra policías y militares que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. Con el levantamiento de la feria judicial, las presentaciones inundaron los tribunales en los meses de enero y febrero de 1987.
Las voces de los sectores políticos no se hicieron esperar; los grupos progresistas estaban determinados a no aceptar los costos políticos de esta decisión, y la derecha liberal proclamaba la necesidad de la amnistía total.
¡Felices Pascuas! La casa está en orden. Como si fuera poco con la ley de Punto Final, la debilidad del gobierno alfonsinista para establecer relaciones cívico-militares en el marco de una democracia quedó nuevamente demostrada con la ley de Obediencia Debida cuando, en la Semana Santa de 1987, un grupo de militares liderados por Aldo Rico protagonizaron un levantamiento en Campo de Mayo. El objetivo era obtener garantías respecto al enjuiciamiento de los grupos de oficiales menores y suboficiales, y la sanción de la ley los exculpó de forma masiva.
Alfonsín comenzaba un lento proceso de deterioro de su imagen pública; la sociedad vio como un acto de debilidad y de comprometimiento del sistema democrático a estas leyes que, entre ambas, dejaron sin efecto mil ochocientos procesos a militares.
Entre 1988 y 1990 se sucedió una seguidilla de alzamientos militares, cuyo fin era la absolución de los integrantes de las Fuerzas Armadas de las acusaciones por los delitos cometidos en la dictadura y la restauración de la “dignidad” de las Fuerzas Armadas.
Los indultos de Menem
Corren los años 1989 y 1990 y la impunidad es moneda corriente. El presidente electo Carlos Saúl Menem, presionado también por los levantamientos militares, firma en octubre de 1989 los decretos 1002, 1003, 1004 y 1005/89, indultando a todos los jefes militares que no hubiesen sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a los participantes de los levantamientos “carapintadas” y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
Luego, en diciembre de 1990, indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en 1985, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini; y al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
La inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad.
14 De Junio del año 2005: Siete a favor (Zaffaroni, Maqueda, Argibay, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Boggiano y Petracchi); uno en contra (Fayt); y una abstención (Belluscio). Esos fueron los números - y los nombres - con los que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Julio Simón - alias “el Turco Julián”-, Antonio del Cerro, Antonio Pernías y Adolfo Donda ya no son impunes. Ellos y otros cientos de represores perdieron de una vez y para siempre la protección que les daban las leyes de punto final y obediencia debida.
Al respecto destacó un comunicado del CELS “La Justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado”.
25 de Abril del año 2007: Los indultos que beneficiaban a los represores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera fueron declarados inconstitucionales por la Cámara en lo Criminal Federal. Con esta resolución, volvieron a tener vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas a los ex militares.
"En casos de vulneraciones graves de derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido", reflexionaron los camaristas.
Los juicios. La única batalla que se pierde es la que se abandona.
El pasado 31 de agosto, en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Rosario, se inició el primer Juicio oral y público por crímenes realizados en la última dictadura militar ocurridos en la ex fábrica militar “Domingo Matheu” y en los centros clandestinos “La Quinta de Funes”, “Escuela Magnasco”, “La Intermedia” y “La Calamita”.
Al respecto, un familiar de desaparecidos expresó: “Estos juicios son un hecho histórico porque hemos logrado sentar en el banquillo de los acusados a quienes pertenecieron y actuaron en el genocidio de estado. Desde el punto de vista político decimos que es gente que participó del terrorismo de estado, que todos estos años vivió en plena libertad y ni siquiera había sido citada. Aunque no es la justicia que se merecen los nuestros, es una instancia importante porque de aquí se abren nuevos caminos de lucha.”
LOS MEDIOS Y EL JUCIO ORAL A LA JUNTA
por Ayelén Gómez y Ana Laura Barrientos
El 31 de agosto de 2009, comenzaron en la ciudad de Rosario los juicios a los represores que cometieron actos de lesa humanidad durante la dictadura en nuestro país.
En esta instancia cinco represores, ex integrantes del Segundo Cuerpo de Ejército, responsables -junto a otros- de lo perpetrado en los centros clandestinos de detención conocidos como Quinta de Funes, La Intermedia, La Calamita y Fabrica militar de Armas; serán juzgados por los delitos de secuestro y torturas cometidos contra 29 personas, y los homicidios de 17 de ellos. Además, por el caso de una de las detenidas que estaba embarazada de mellizos, y que fuera llevada a parir a Paraná antes de ser desaparecida, esos mismos represores están procesados por el delito de “apropiación de menores” en la Justicia Federal de Entre Ríos. Declararán en este juicio alrededor de 90 testigos. El juicio durará unos cuatro meses.
Desde el primer día, los juicios estuvieron en primera plana de los diarios y fueron titulares de los noticieros de la ciudad, tanto en televisión como en las páginas de internet correspondientes, donde se podían ver los juicios en directo.
No así en algunos de los medios nacionales donde se le dio un papel poco importante.
Los informativos y demás medios de rosario, hicieron un seguimiento de cada día del juicio, destacando los más importantes de cada sesión.
Día tras día dejaron de darle tanta importancia y solo dedicaban al tema un espacio reducido, pero no lo sacaron por completo, si de la portada, que fue ocupada por noticias consideradas por la prensa más importante.
El diario La Capital por ejemplo; llevo un seguimiento día por día, meses antes de que comience el juicio, durante se llevo a cabo dicho proceso, hasta noviembre pasado.
Los noticieros de la ciudad, hicieron un seguimiento del juicio, filmando lo que pasaba dentro de la sala, no todo el juicio, sino que algunas partes; además de varias entrevista a los protagonistas del tan esperado hecho.
H.I.J.O.S ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
por Mariela Mari
El 3 de noviembre de 1994, un grupo de ex alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de la Plata realizó un homenaje a los muertos y desaparecidos de esa Facultad. La jornada se llamó "Recuerdo, memoria y compromiso". Con infinita paciencia, lograron ubicar a los hijos y familiares de los compañeros homenajeados, que se encontraban regados por todo el país. A este primer encuentro le sucedieron los asados y las charlas, hasta que en semana santa de 1995 el Taller Julio Cortázar, organizó un campamento en la ciudad de Córdoba.A partir de ese momento les surgió la necesidad de hacer algo contra la injusticia que supone que los asesinos de sus padres estén en libertad, así nació la agrupación: Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio más conocido bajo la sigla: H.I.J.O.S. que reunían a los por hijos de desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados durante el Golpe de Estado del año 1976 denominado “Proceso de Reorganización Nacional “.
Hoy, a catorce años de su fundación, su objetivo es claro: “la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas de la última dictadura militar, sus cómplices, instigadores y beneficiarios”
H.I.J.O.S. se encuentra en varios puntos de la Argentina (Capital Federal, Córdoba, Río Cuarto, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Rosario, San Juan, Santa Fe y Tucumán)y tiene además regionales en dieciséis ciudades del extranjero.
La organización se caracteriza por una forma de funcionar horizontal, es decir que todas las decisiones, se toman en el ámbito de la asamblea de la cual participan todos los integrantes, a través de asambleas y buscando el consenso de todos los participantes.
Los puntos básicos de esta agrupación son los siguientes:
•Juicio y Castigo a todos los genocidas y sus cómplices.
•Nulidad efectiva de las leyes de impunidad.
•Reivindicamos la lucha de nuestros padres y sus compañeros por un país justo, sin miserias ni exclusiones.
•Restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados.
•Libertad a los presos políticos y cese de las persecuciones a los luchadores populares.
•No a la llamada teoría de los dos demonios que iguala a un pueblo que resiste con el terrorismo de Estado.
•Independencia institucional y partidaria.
•Reconstrucción del tejido social destruido por la dictadura.
•Horizontalidad y voluntad de consenso.
Páginas Bibliográficas:
http://www.hijos-capital.org.ar/
http://hijosr.blogspot.com/ http://es.wikipedia.org/wiki/Hijos_por_la_Identidad_y_la_Justicia_contra_el_Olvido_y_el_Silencio http://www.hijos.org.ar/
JUICIOS A LOS REPRESORES DEL GOLPE DEL ‘76
por Analía Sacchini
El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en Rosario, cometidos durante la última dictadura militar, se inició el 31 de agosto del corriente año a las 10:30 en el Tribunal Oral Federal 1, donde se juzga a cinco represores. Se trata del ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Amelong, y los agentes civiles Eduardo Constanzo y Walter Pagano; todos ellos integrantes del II Cuerpo de Ejército y actualmente detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz.En la causa se investigan los secuestros y torturas, entre 1977 y 1978, de 28 personas, y los homicidios de 17 de ellos, cuyos cuerpos continúan desaparecidos. Los ex militares son además procesados por el delito de "apropiación de menores" en la Justicia Federal de Entre Ríos, por el caso de una de las detenidas que estaba embarazada de mellizos, y que fuera llevada a dar a luz a Paraná antes de desaparecer.
“Algunas madres de plaza de mayo creyeron que nunca iban a llegar vivas a ver este momento, ahí vemos la dimensión histórica de la jornada, otros que han luchado tanto y no pudieron vivirlo, y la reflexión profunda que tenemos que hacer todos los argentinos, es que 25 años de democracia argentina pasaron para empezar a juzgar a los peores asesinos de nuestro pueblo; las madre a quienes les robaron a sus hijos jamás buscaron justicia por mano propia, confiaron en la pelea por la memoria, la verdad y la justicia, nadie le regalo nada, lo lograron ellas, con valores que parecen no cotizar en los valores de la bolsa cotidianos”, afirma Carlos Del Frade, reconocido periodista que se encargó de investigar la causa.
Desde temprano, un nutrido grupo de militantes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas e incluso una simpatizante de Amelong con una pancarta de apoyo al represor se manifestaron frente al edificio de los Tribunales. Una de las víctimas del golpe del ’76 expresaba “Hoy es un día histórico porque llevamos al banquillo de acusados a los represores, pero no quiere decir que sea lo que queríamos ya que tuvimos que esperar mucho tiempo, cuando la justicia llega tarde no es justicia, un tribunal que puso una sala que es una burla, terrorífica, donde los abogados de los acusados están de espaldas a nuestros compañeros, es lamentable pero no se deja de estar contento”, Los delitos investigados en las dos causas van a ser juzgados juntos en un mismo juicio y para ello el Tribunal Oral Federal decidió unificar las mismas, bajo la carátula "Guerrieri, Pascual y otros sobre privación ilegal de la libertad".
Las causas se refieren a los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu. Los querellantes en la causa Quinta de Funes son Alicia Gutiérrez, María Cecilia Nazábal, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Alvarez, Adela Panelo de Forestello y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la causa Amelong, conocida como Fábrica de Armas, la querellante es Olga Regina Moyano.
“Este juicio es un producto de la lucha de abuelas, hijos, madres, sindicatos, centros culturales y organizaciones populares que durante años pelearon por la justicia en nuestro país, hoy es un día histórico, sobre todo para rosario porque se lleva juicio oral la causa de los represores; igualmente esto recién empieza y la búsqueda de justicia va a llevar mucho tiempo mas, este es un paso gigante pero hay que avanzar con la construcción de una sociedad por la que lucharon los desaparecidos”, explicita con voz de lucha uno de los tantos jóvenes estudiante de Comunicación Social.
Desde temprano, un nutrido grupo de militantes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas e incluso una simpatizante de Amelong con una pancarta de apoyo al represor se manifestaron frente al edificio de los Tribunales. Una de las víctimas del golpe del ’76 expresaba “Hoy es un día histórico porque llevamos al banquillo de acusados a los represores, pero no quiere decir que sea lo que queríamos ya que tuvimos que esperar mucho tiempo, cuando la justicia llega tarde no es justicia, un tribunal que puso una sala que es una burla, terrorífica, donde los abogados de los acusados están de espaldas a nuestros compañeros, es lamentable pero no se deja de estar contento”, Los delitos investigados en las dos causas van a ser juzgados juntos en un mismo juicio y para ello el Tribunal Oral Federal decidió unificar las mismas, bajo la carátula "Guerrieri, Pascual y otros sobre privación ilegal de la libertad".
Las causas se refieren a los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu. Los querellantes en la causa Quinta de Funes son Alicia Gutiérrez, María Cecilia Nazábal, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Alvarez, Adela Panelo de Forestello y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la causa Amelong, conocida como Fábrica de Armas, la querellante es Olga Regina Moyano.
“Este juicio es un producto de la lucha de abuelas, hijos, madres, sindicatos, centros culturales y organizaciones populares que durante años pelearon por la justicia en nuestro país, hoy es un día histórico, sobre todo para rosario porque se lleva juicio oral la causa de los represores; igualmente esto recién empieza y la búsqueda de justicia va a llevar mucho tiempo mas, este es un paso gigante pero hay que avanzar con la construcción de una sociedad por la que lucharon los desaparecidos”, explicita con voz de lucha uno de los tantos jóvenes estudiante de Comunicación Social.
Editorial - Organizaciones Sociales
por Emiliano Vinocur
Más de 30 años pasaron y todavía se escucha una palabra que resuena en muchos lados, con un gran eco y es “Justicia”. Algunos de los que la pronuncian no habían nacido y otros vivieron lo que fue la parte más sangrienta y difícil de la historia argentina: La Dictadura Militar del ’76.Hubo más de 30.000 desaparecidos e infinidades de secuestros y torturas durante los 7 años, donde muchas personas fueron marcadas con fuego en sus vidas.
H.I.J.O.S., son más de 400 jóvenes Hijos de desaparecidos, exiliados, detenidos o asesinados, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, que luchan: por la Identidad –totalmente perdida por algunas personas o un gran interrogante, ya que para la constitución de la subjetividad de una persona es fundamental el saber quién soy-; por la Justicia (como se pudo ver claramente en su participación en los Juicios Orales realizado en la ciudad de Rosario contra la Junta); contra el Olvido, para que se sepa lo que pasó y que no quede como un hecho más en la historia trágica de la Argentina; y finalmente, el Silencio, en memoria a todos los afectados por la última dictadura militar.
Época compleja si las hay, muchas personas piden que vuelva a pasar esto: ¿estarán concientes, tendrán memoria o le habrán contado el cuentito al revés? “No hubo muerto, sino desaparecidos”, frase expresada por los militares de alto cargo.
Miles de interrogantes, miles de familias que de a poco (treinta y tres años después) se recuperan, miles de historias, miles de hechos, miles y miles de personas que en el país más austral del continente americano siguen pidiendo “JUSTICIA”, y no es solamente por esa marca del ’76, sino también por todo el caos y las crisis que estamos viviendo a causa de las malas estrategias de Gobierno.
Digamos “Nunca más” a un hecho de tal magnitud, y que los gobiernos que nos “gobiernen”, no se conviertan o no se asemejen a lo que pasó y que recuerden y que tengan siempre presente el concepto de DEMOCRACIA.
sábado, 5 de diciembre de 2009
La contaminación en los espacios públicos
Contaminación cotidiana
“Hay falta de conciencia en la población sobre la basura que arrojan a la vía pública, el municipio de la ciudad no se preocupa lo suficiente por una buena limpieza en la misma y los que tienen que limpiar muchas veces hacen la vista gorda, no trabajan correctamente....” opinó Marcos, un usuario del servicio de transporte público de Rosario.
La mugre en los distintos puntos de la ciudad se hace presente todos los días, no sólo por la contaminación ocasionada por la combustión de los vehículos de transporte (que es muy grande en un centro urbano como el de Rosario), sino también por la cantidad de basura que se acumula diariamente (la que se renueva y la que sigue estando), y el deterioro de las propiedades públicas.
“Pienso que podría ser peor, no están tan sucias…” comentó Sofía con respecto a las calles y las paradas de colectivo en la zona de Pellegrini y San Martín. No todas las áreas comparten el mismo nivel de contaminación, lógicamente las partes más transitadas son las más afectadas, pero se llega a casos que pueden calificarse de intolerables. Sobre todo cerca de la peatonal es donde se acumulan quejas por parte de los transeúntes sobre la suciedad.
Una de las paradas de colectivo más críticas es la de Rioja y Corrientes, donde la basura desborda el container y suele haber mal olor. “La detesto, es algo que se puede evitar, simplemente cada uno tiene que colaborar guardándose el papelito del chicle, la tarjeta de colectivo agotada, o demás en el bolsillo y tirarlo apenas vea un container...” remarcó Manuel, en esa misma parada, pero es un caso particular ya que el exceso de basura es provocado en gran parte por el mercado de autoservicio ubicado casi a mitad de cuadra por Rioja.
Los espacios verdes
En las plazas y parques se observa un contraste optimista, en algunos de ellos al menos. Las plazas pequeñas se encuentran en su mayoría olvidadas y descuidadas, son las más vistas las que gozan de un mayor mantenimiento (la Plaza López de Pellegrini y Laprida, por ejemplo).
Lo que se observa en estos espacios, más bien, es la destrucción de objetos públicos, Gabriel, habitué del Parque España, dice: “A las que yo voy: Pringles, López, Sarmiento y San Martín) no las veo muy maltratadas, últimamente. Pero por ej., los bancos de madera del Parque España están “insentables” porque les faltan casi todas las maderas”.
En general, faltan tachos de residuos, pero la limpieza de las plazas y parques no recibe tantas quejas, sino más bien las acciones de algunos particulares que dejan su huella en estos lugares.
Rosario, la mejor ciudad para vivir
“Me parece una buena ciudad para vivir, pero no la mejor, lo sería si se solucionaran los problemas de inseguridad”, agregó Sofía acerca de la calidad de vida en Rosario, y dijo además que la suciedad en las calles contribuyen a una sensación de inseguridad porque “sentiría que la ciudad está en un estado de abandono y que no se le presta atención a varios aspectos al mismo tiempo”.
La mayoría de los entrevistados en la vía pública cree que el slogan de “Rosario, la mejor ciudad para vivir”, puede resultar demasiado ambicioso. Comparten una visión de optimismo al compararla con Buenos Aires, donde la inseguridad y la contaminación es exponencialmente mayor, pero algunos creen tristemente que Rosario va por el mismo camino.
Sin embargo, las opiniones no dejan de ser diversas, quizás debido a una sensación de hogar y nostalgia, todavía hay quienes sostienen que no cambiarían su vida en Rosario por nada, ¿usted qué opina?
Andrés Gutiérrez
Suscribirse a:
Entradas (Atom)