Un breve repaso histórico de los últimos 33 años.
por Irene Parlante Garzia
24 de Marzo de 1976
La Junta Militar Argentina -liderada por Eduardo Emilio Massera, Jorge Rafael Videla y Orlando R. Agosti- derroca a la presidente María Estela Martínez de Perón e instaura el régimen militar autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
En un marco de crisis sindical, inflación, grupos guerrilleros y una marcada sensación de ingobernabilidad, las Fuerzas Armadas se plantearon a sí mismas como única solución los conflictos que el país experimentaba.
Durante los casi ocho años que duró el terrorismo de Estado, se implementó un plan sistemático de desapariciones, torturas, y persecuciones de aquellos considerados “subversivos”, junto con una política económica destinada a implantar el neoliberalismo, y terminar con la amplia participación ciudadana en cuestiones sociales.
Las “locas” de Plaza de Mayo.
El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia con el general Videla. Querían saber cuál era la situación de sus hijos, que habían sido detenidos ilegalmente y de los que no habían tenido ninguna noticia desde ese momento.
Videla no recibió a las madres, pero este encuentro fue el punto de partida de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ellas constituyeron la primera respuesta pública de la sociedad civil frente a la represión del régimen militar.
"La plaza es el lugar donde se produce el verdadero y único milagro de la resurrección (...) Los primeros pasos tienen mucha profundidad y cuando me pongo el pañuelo en la casa de las madres, antes de salir para la plaza, y me lo aprieto fuerte en la barbilla, es un abrazo, el abrazo de los treinta mil. La plaza es la lucha, la esperanza, los sueños, las ilusiones y la sangre de los tantos." (Hebe de Bonafini, Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo)
La Guerra de Malvinas y la presidencia de Bignone.
El 2 de abril de 1982, el presidente Galtieri - confiando en la indiferencia de Gran Bretaña y el apoyo del presidente estadounidense Ronald Reagan - ocupó militarmente las Islas Malvinas. Para sorpresa del dictador, Gran Bretaña respondió y Reagan se alineó con su par, Margaret Thatcher.
Durante poco más de dos meses, el gobierno engaño sistemáticamente a la población, proclamando el avance de las tropas argentinas sobre las inglesas y la inminente recuperación de las Islas.
La guerra finalizó el 14 de junio del mismo año con la rendición de Argentina. El saldo es de público conocimiento: la reocupación de Malvinas por el Reino Unido y la muerte de más de 600 soldados argentinos.
El desprestigio del gobierno militar después de la derrota en Malvinas, sumado a una aguda crisis económica y social, provocó el desplazamiento de Galtieri de su cargo y en su lugar asumió Reynaldo B. Bignone, encargado de establecer el calendario para la salida electoral y realizar los preparativos necesarios para el retiro de la Junta del poder, evitando futuras investigaciones y sanciones a los militares.
En abril de 1983 se dio a conocer un “Documento Final”, que pretendía condicionar la salida institucional. Frente al repudio de amplios sectores de la sociedad a negociar sobre la salida democrática, en septiembre del mismo año se publicó la “ley de Autoamnistía”, que pretendía exculpar a las Fuerzas Armadas de los crímenes perpetrados durante el Proceso.
La vuelta a la Democracia.
El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se impuso con el 52% de los votos al candidato peronista Ítalo Luder. Fue su propuesta amplia e imprecisa, presentándose como el portavoz de los valores democráticos y de la libertad política lo que le permitió al dirigente radical aglutinar a la mayoría del electorado. Pero el nuevo presidente debía ahora hacerse cargo del legado que habían dejado los militares. Durante su mandato se creo la CONADEP, que permitió identificar más de 300 centros clandestinos de detención y, en base al informe “Nunca más”, el gobierno llevó a juicio a los miembros de las Juntas del Proceso.
Punto Final y Obediencia Debida.
El marco de conflicto entre la sociedad civil y la institución militar, provocado por el creciente conocimiento sobre los hechos ocurridos y el cuestionamiento a los hechos del pasado realizado por la justicia, llevó a que el presidente resolviera limitar y circunscribir esta acción. El resultado fue la sanción de la infame ley de Punto Final, en 1986; estableciendo así el límite de 60 días para la presentación de denuncias contra policías y militares que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. Con el levantamiento de la feria judicial, las presentaciones inundaron los tribunales en los meses de enero y febrero de 1987.
Las voces de los sectores políticos no se hicieron esperar; los grupos progresistas estaban determinados a no aceptar los costos políticos de esta decisión, y la derecha liberal proclamaba la necesidad de la amnistía total.
¡Felices Pascuas! La casa está en orden. Como si fuera poco con la ley de Punto Final, la debilidad del gobierno alfonsinista para establecer relaciones cívico-militares en el marco de una democracia quedó nuevamente demostrada con la ley de Obediencia Debida cuando, en la Semana Santa de 1987, un grupo de militares liderados por Aldo Rico protagonizaron un levantamiento en Campo de Mayo. El objetivo era obtener garantías respecto al enjuiciamiento de los grupos de oficiales menores y suboficiales, y la sanción de la ley los exculpó de forma masiva.
Alfonsín comenzaba un lento proceso de deterioro de su imagen pública; la sociedad vio como un acto de debilidad y de comprometimiento del sistema democrático a estas leyes que, entre ambas, dejaron sin efecto mil ochocientos procesos a militares.
Entre 1988 y 1990 se sucedió una seguidilla de alzamientos militares, cuyo fin era la absolución de los integrantes de las Fuerzas Armadas de las acusaciones por los delitos cometidos en la dictadura y la restauración de la “dignidad” de las Fuerzas Armadas.
Los indultos de Menem
Corren los años 1989 y 1990 y la impunidad es moneda corriente. El presidente electo Carlos Saúl Menem, presionado también por los levantamientos militares, firma en octubre de 1989 los decretos 1002, 1003, 1004 y 1005/89, indultando a todos los jefes militares que no hubiesen sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a los participantes de los levantamientos “carapintadas” y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
Luego, en diciembre de 1990, indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en 1985, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini; y al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
La inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad.
14 De Junio del año 2005: Siete a favor (Zaffaroni, Maqueda, Argibay, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Boggiano y Petracchi); uno en contra (Fayt); y una abstención (Belluscio). Esos fueron los números - y los nombres - con los que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Julio Simón - alias “el Turco Julián”-, Antonio del Cerro, Antonio Pernías y Adolfo Donda ya no son impunes. Ellos y otros cientos de represores perdieron de una vez y para siempre la protección que les daban las leyes de punto final y obediencia debida.
Al respecto destacó un comunicado del CELS “La Justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado”.
25 de Abril del año 2007: Los indultos que beneficiaban a los represores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera fueron declarados inconstitucionales por la Cámara en lo Criminal Federal. Con esta resolución, volvieron a tener vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas a los ex militares.
"En casos de vulneraciones graves de derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido", reflexionaron los camaristas.
Los juicios. La única batalla que se pierde es la que se abandona.
El pasado 31 de agosto, en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Rosario, se inició el primer Juicio oral y público por crímenes realizados en la última dictadura militar ocurridos en la ex fábrica militar “Domingo Matheu” y en los centros clandestinos “La Quinta de Funes”, “Escuela Magnasco”, “La Intermedia” y “La Calamita”.
Al respecto, un familiar de desaparecidos expresó: “Estos juicios son un hecho histórico porque hemos logrado sentar en el banquillo de los acusados a quienes pertenecieron y actuaron en el genocidio de estado. Desde el punto de vista político decimos que es gente que participó del terrorismo de estado, que todos estos años vivió en plena libertad y ni siquiera había sido citada. Aunque no es la justicia que se merecen los nuestros, es una instancia importante porque de aquí se abren nuevos caminos de lucha.”
por Irene Parlante Garzia
24 de Marzo de 1976
La Junta Militar Argentina -liderada por Eduardo Emilio Massera, Jorge Rafael Videla y Orlando R. Agosti- derroca a la presidente María Estela Martínez de Perón e instaura el régimen militar autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
En un marco de crisis sindical, inflación, grupos guerrilleros y una marcada sensación de ingobernabilidad, las Fuerzas Armadas se plantearon a sí mismas como única solución los conflictos que el país experimentaba.
Durante los casi ocho años que duró el terrorismo de Estado, se implementó un plan sistemático de desapariciones, torturas, y persecuciones de aquellos considerados “subversivos”, junto con una política económica destinada a implantar el neoliberalismo, y terminar con la amplia participación ciudadana en cuestiones sociales.
Las “locas” de Plaza de Mayo.
El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia con el general Videla. Querían saber cuál era la situación de sus hijos, que habían sido detenidos ilegalmente y de los que no habían tenido ninguna noticia desde ese momento.
Videla no recibió a las madres, pero este encuentro fue el punto de partida de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ellas constituyeron la primera respuesta pública de la sociedad civil frente a la represión del régimen militar.
"La plaza es el lugar donde se produce el verdadero y único milagro de la resurrección (...) Los primeros pasos tienen mucha profundidad y cuando me pongo el pañuelo en la casa de las madres, antes de salir para la plaza, y me lo aprieto fuerte en la barbilla, es un abrazo, el abrazo de los treinta mil. La plaza es la lucha, la esperanza, los sueños, las ilusiones y la sangre de los tantos." (Hebe de Bonafini, Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo)
La Guerra de Malvinas y la presidencia de Bignone.
El 2 de abril de 1982, el presidente Galtieri - confiando en la indiferencia de Gran Bretaña y el apoyo del presidente estadounidense Ronald Reagan - ocupó militarmente las Islas Malvinas. Para sorpresa del dictador, Gran Bretaña respondió y Reagan se alineó con su par, Margaret Thatcher.
Durante poco más de dos meses, el gobierno engaño sistemáticamente a la población, proclamando el avance de las tropas argentinas sobre las inglesas y la inminente recuperación de las Islas.
La guerra finalizó el 14 de junio del mismo año con la rendición de Argentina. El saldo es de público conocimiento: la reocupación de Malvinas por el Reino Unido y la muerte de más de 600 soldados argentinos.
El desprestigio del gobierno militar después de la derrota en Malvinas, sumado a una aguda crisis económica y social, provocó el desplazamiento de Galtieri de su cargo y en su lugar asumió Reynaldo B. Bignone, encargado de establecer el calendario para la salida electoral y realizar los preparativos necesarios para el retiro de la Junta del poder, evitando futuras investigaciones y sanciones a los militares.
En abril de 1983 se dio a conocer un “Documento Final”, que pretendía condicionar la salida institucional. Frente al repudio de amplios sectores de la sociedad a negociar sobre la salida democrática, en septiembre del mismo año se publicó la “ley de Autoamnistía”, que pretendía exculpar a las Fuerzas Armadas de los crímenes perpetrados durante el Proceso.
La vuelta a la Democracia.
El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se impuso con el 52% de los votos al candidato peronista Ítalo Luder. Fue su propuesta amplia e imprecisa, presentándose como el portavoz de los valores democráticos y de la libertad política lo que le permitió al dirigente radical aglutinar a la mayoría del electorado. Pero el nuevo presidente debía ahora hacerse cargo del legado que habían dejado los militares. Durante su mandato se creo la CONADEP, que permitió identificar más de 300 centros clandestinos de detención y, en base al informe “Nunca más”, el gobierno llevó a juicio a los miembros de las Juntas del Proceso.
Punto Final y Obediencia Debida.
El marco de conflicto entre la sociedad civil y la institución militar, provocado por el creciente conocimiento sobre los hechos ocurridos y el cuestionamiento a los hechos del pasado realizado por la justicia, llevó a que el presidente resolviera limitar y circunscribir esta acción. El resultado fue la sanción de la infame ley de Punto Final, en 1986; estableciendo así el límite de 60 días para la presentación de denuncias contra policías y militares que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. Con el levantamiento de la feria judicial, las presentaciones inundaron los tribunales en los meses de enero y febrero de 1987.
Las voces de los sectores políticos no se hicieron esperar; los grupos progresistas estaban determinados a no aceptar los costos políticos de esta decisión, y la derecha liberal proclamaba la necesidad de la amnistía total.
¡Felices Pascuas! La casa está en orden. Como si fuera poco con la ley de Punto Final, la debilidad del gobierno alfonsinista para establecer relaciones cívico-militares en el marco de una democracia quedó nuevamente demostrada con la ley de Obediencia Debida cuando, en la Semana Santa de 1987, un grupo de militares liderados por Aldo Rico protagonizaron un levantamiento en Campo de Mayo. El objetivo era obtener garantías respecto al enjuiciamiento de los grupos de oficiales menores y suboficiales, y la sanción de la ley los exculpó de forma masiva.
Alfonsín comenzaba un lento proceso de deterioro de su imagen pública; la sociedad vio como un acto de debilidad y de comprometimiento del sistema democrático a estas leyes que, entre ambas, dejaron sin efecto mil ochocientos procesos a militares.
Entre 1988 y 1990 se sucedió una seguidilla de alzamientos militares, cuyo fin era la absolución de los integrantes de las Fuerzas Armadas de las acusaciones por los delitos cometidos en la dictadura y la restauración de la “dignidad” de las Fuerzas Armadas.
Los indultos de Menem
Corren los años 1989 y 1990 y la impunidad es moneda corriente. El presidente electo Carlos Saúl Menem, presionado también por los levantamientos militares, firma en octubre de 1989 los decretos 1002, 1003, 1004 y 1005/89, indultando a todos los jefes militares que no hubiesen sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a los participantes de los levantamientos “carapintadas” y a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
Luego, en diciembre de 1990, indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en 1985, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini; y al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
La inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad.
14 De Junio del año 2005: Siete a favor (Zaffaroni, Maqueda, Argibay, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Boggiano y Petracchi); uno en contra (Fayt); y una abstención (Belluscio). Esos fueron los números - y los nombres - con los que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Julio Simón - alias “el Turco Julián”-, Antonio del Cerro, Antonio Pernías y Adolfo Donda ya no son impunes. Ellos y otros cientos de represores perdieron de una vez y para siempre la protección que les daban las leyes de punto final y obediencia debida.
Al respecto destacó un comunicado del CELS “La Justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado”.
25 de Abril del año 2007: Los indultos que beneficiaban a los represores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera fueron declarados inconstitucionales por la Cámara en lo Criminal Federal. Con esta resolución, volvieron a tener vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas a los ex militares.
"En casos de vulneraciones graves de derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido", reflexionaron los camaristas.
Los juicios. La única batalla que se pierde es la que se abandona.
El pasado 31 de agosto, en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Rosario, se inició el primer Juicio oral y público por crímenes realizados en la última dictadura militar ocurridos en la ex fábrica militar “Domingo Matheu” y en los centros clandestinos “La Quinta de Funes”, “Escuela Magnasco”, “La Intermedia” y “La Calamita”.
Al respecto, un familiar de desaparecidos expresó: “Estos juicios son un hecho histórico porque hemos logrado sentar en el banquillo de los acusados a quienes pertenecieron y actuaron en el genocidio de estado. Desde el punto de vista político decimos que es gente que participó del terrorismo de estado, que todos estos años vivió en plena libertad y ni siquiera había sido citada. Aunque no es la justicia que se merecen los nuestros, es una instancia importante porque de aquí se abren nuevos caminos de lucha.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario