La última dictadura

El 24 marzo de 1976 el poder en la Argentina cae en manos del militarismo conservador que buscaba imponer un plan de reforma económica y de disciplinamiento social. Su misión era reorganizar el Estado ante el argumento de "caos económico y social", y el peligro de la "subversión terrorista". Se instaura un régimen de características pretorianas, a partir de una intervención militar legitimada por amplios sectores de la opinión pública. Este papel transformó tanto al Estado como a las Fuerzas Armadas, que durante décadas se fueron constituyendo en una fuerza política. En efecto, Hugo Quiroga define al "pretorianismo como la aceptación de la participación de los militares en la esfera política ", que resulta de esta particular relación que se fue moldeado con las sucesivas intervenciones militares, una cultura entre militares y civiles que abría paso a la aceptación de la politización de las Fuerzas Armadas y su participación en la política institucional, asentado en una débil confianza en la democracia, propia de una fragilidad crónica del poder civil.
A raíz de esta aberrante experiencia, que terminó en uno de los más despiadados terrorismos de Estado, en agosto comenzaron por fin los juicios a los genocidas de la última dictadura militar. Es así, que el 31 de dicho mes, tuvieron que presentarse ante la Justicia tres militares y dos agentes civiles imputados de homicidios y torturas durante la última dictadura.
Después de más de 30 años de lucha incansable de los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales y políticos del campo popular, se logró revertir el congelamiento al que fueron sometidos estos procesos después de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas por el radicalismo durante el gobierno de Alfonsín, bajo la presión de los sectores económicos concentrados, de la jerarquía de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas, y con la complicidad de toda la clase política tradicional.
El Tribunal Oral Federal 1º de Rosario decidió sobre los crímenes ocurridos en la ex fábrica Militar "Domingo Matheu", y en los centros de detención que funcionaron bajo los nombres de "Quinta de Funes”, "La intermedia", “Escuela Magnasco" y “La Calamita".En la oportunidad fueron juzgados el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Amelong y los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes están alojados en el penal bonaerense de Marcos Paz.El alto tribunal estuvo integrado por los camaristas Omar Paulucci, Beatriz Baravani y Carlos Leiva, quienes unificaron las causas "Quinta de Funes" y "Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu", contra Pascual Guerrieri, a quien se lo enjuiciará por los crímenes de Fernando Dussex, Eduardo Toneolli, Alicia Gutiérrez, un ex agente del batallón de inteligencia 601 y el jefe del centro clandestino de detención “Quinta de Funes”. Y Jordana Testoni, imputado por el homicidio de Ariel Morandi y Susana Miranda. Además de otros casos de privación de la libertad y tormentos donde fueron víctimas Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Riveros, Olga Moyano e Hilda Cardozo.
Los casos se encuentran concentrados en 16 jurisdicciones del país. Hay varios procesados cuyos nombres figuran en más de una causa y algunos de ellos registran más de un procesamiento en un mismo expediente.
La información, elaborada por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal, comprende además datos sobre fechas de las resoluciones respectivas de primera instancia y cámara, y de autos de requerimiento de elevación a juicio y de elevación, entre otros datos.
Por otro lado, una gran movilización que provenían de distintas facultades y organismos de derechos humanos, se concentraron en la puerta de tribunales Federales cortando el tránsito en boulevard Oroño y Rioja, donde por la tarde se realizó un acto a favor del fallo contra los cinco represores imputados en la causa antes mencionada.
La primera jornada del juicio oral a los genocidas de la dictadura en Rosario finalizó con un acto multitudinario frente a las puertas de Tribunales federales. Allí confluyeron organizaciones de derechos humanos, políticas, gremiales, estudiantiles y sociales, con una consigna en común: “Los juzga un tribunal, los condenamos todos”. Querellantes, testigos y familiares de víctimas calificaron como “un triunfo” el hecho de poder llevar ante la Justicia a los responsables del terrorismo de Estado después de tantos años.