Juicios por lesa humanidad en Argentina

Contexto histórico

El 24 de marzo de 1976 el gobierno de María Estela Martínez de Perón sufrió un golpe de estado orquestado por los líderes de las tres fuerzas, ese mismo día la conocida “Isabel” fue detenida y trasladada a Neuquén, en donde vivió su primera etapa de encarcelación ilegítima dispuesta por los nuevos gobernantes.

Por ese entonces, La Junta de Comandantes, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier Orlando R. Agosti, asumió en el poder y designó como presidente de facto al general Jorge Rafael Videla. Ésta dispuso que la Fuerza Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compongan el nuevo gobierno, para dar comienzo al autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

La Junta Militar que impulso el terrorismo de Estado, desarrolló un proyecto planificado con el fin de eliminar toda forma de participación popular. Este régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de instaurar miedo en toda la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente.

La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención (en su mayoría locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas) donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados.

Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país, donde estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos ya que eran considerados “enemigos de la nación”.

Por eso algunas de las acciones de este gobierno fueron suspender la actividad política y los derechos del trabajador, intervenir los sindicatos, prohibir las huelgas, disolver el congreso y los partidos políticos, destituir la Corte Suprema de Justicia, intervenir la CGT, clausurar los locales nocturnos, quemar miles de libros y revistas considerados peligrosos y censurar los medios de comunicación.

Además de los secuestros, hubo un plan sistemático de apropiación de niños ya que eran robados en las mismas casas en donde realizaban las capturas o en los centros de detención, a las madres que los parían. Para luego, inscribirlos como hijos de los propios miembros de la represión o venderlos al mejor postor, o sino para abandonarlos en los institutos para menores. Debido a que, estos, eran considerados subversivos porque pensaban que la subversión era hereditaria y se transmitía a través del vínculo familiar.

Pero este proceso llegaría a su fin con la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas, lo que ocasionó un gran levantamiento de la sociedad, ya cansada de la falta de información proporcionada por el gobierno. La credibilidad de este ya estaba perdida y su debilidad era evidente.


La llegada de la democracia.

En 1983, tras las elecciones presidenciales, Alfonsín asumió el cargo de Presidente de la Nación, por lo tanto, finalizó el período de gobierno llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del Juicio a las Juntas.

El gobierno de Alfonsín enfrentó grandes problemas, uno de los cuales y el primordial, fue la vuelta de la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que llegaron de la mano de golpes de estados.

Durante su mandato, Alfonsín sancionó el decreto 158/83, el cual ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta su finalización. También creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con el objetivo de llevar a cabo un registro sobre cada caso, como así también, todas las pruebas de violaciones de los derechos humanos.

Para continuar con su gestión, el presidente envío al Congreso un proyecto de ley con la finalidad de declarar nula la ley de Amnistía dictada por aquel gobierno que manejo los hilos del país entre 1976-1983. Más tarde ese proyecto fue aprobado. También desplazó al tribunal militar que estaba a cargo, para dar comienzo a los juicios a las juntas.

Comienzan los juicios

Los juicios comenzaron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, donde se trataron más de 280 casos, dentro de ellos el juicio a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera (reclusión perpetua), Roberto Viola (17 años de prisión), Armando Lambruschini (8 años de prisión) y a Orlando Ramón Agosti (4 años de prisión).

Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo.

Luego de recibir permanentemente amenazas de sectores de las Fuerzas Armadas, los cuales no aceptaban el enjuiciamiento del régimen militar anterior y amenazaban con la ruptura del orden vigente, Alfonsín tuvo que intervenir para que se sancionara la ley de Punto Final, esta establecía la paralización total de los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos. Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley, los casos de secuestro de recién nacidos o hijos de prisioneras políticas.

Pero esta ley no fue suficiente, y tras la gran rebelión militar de los “carapintadas”, el presidente se vio obligado a dictar la ley de Obediencia Debida para garantizar la detención de los juicios contra los militares. Esta ley eximía a todos los militares que estaban por debajo del rango de coronel de la responsabilidad en los delitos cometidos durante esa etapa.

Y encima, con la asunción de Menem al poder de la Argentina, se sancionarían varios decretos, entre 1989 y 1990, con la finalidad de indultar a una serie de civiles y militares que habían cometido delitos durante la famosa “guerra sucia”.

De todas maneras, en el 2003, se terminó con dichos favores otorgados por los diferentes gobiernos al declararse, por parte del Congreso, la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Así también lo hizo la Corte Suprema de Justicia, al declarar estas leyes como inconstitucionales.

Con ello se reabrió una nueva etapa de juicios, aunque por sus respectivas demoras hayan quedado más de 200 represores impunes dados sus fallecimientos. Dichos juicios se aceleraron debido al pedido realizado por parte del presidente Néstor Kirchner, y luego por su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner.

Los juicios se desarrollaron en diversas regiones de la República Argentina con el objetivo de darle un cierre a esa etapa nefasta de este país, castigando a todos los culpables que le hicieron daño a la sociedad argentina, que terminó con más de 30.000 desaparecidos.

Santiago Spampinato